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CULIACÁN, SINALOA. La diputada local Paola Gárate Valenzuela exigió desde la tribuna del Congreso del Estado dar curso legal inmediato a la solicitud de juicio político en contra del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. La legisladora sostuvo que la separación del cargo no elimina las responsabilidades constitucionales ni los señalamientos administrativos que pesan sobre su gestión.
Durante su intervención ante el Pleno, Gárate Valenzuela afirmó que el Poder Legislativo debe actuar como un contrapeso constitucional y demandó la inhabilitación del exmandatario como parte de las sanciones a examinar. Según la legisladora, dejar el ejercicio de la gubernatura no exime a Rocha Moya de rendir cuentas por las decisiones tomadas durante su mandato.
Para sustentar su postura, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) citó datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales señalan que el 88.6 por ciento de la población adulta en Sinaloa percibe actos de corrupción frecuentes en la entidad.
Asimismo, aludió a los señalamientos de autoridades de Estados Unidos respecto a presuntos vínculos de exfuncionarios estatales con estructuras delictivas, vinculándolos con la actual crisis de inseguridad pública en la región.
En el rubro de fiscalización de recursos públicos, la congresista demandó el esclarecimiento de contratos presuntamente concentrados en empresas ligadas a familiares del entorno gobernante. Específicamente, solicitó investigar una contratación del Sistema DIF estatal por un monto superior a los 356 millones de pesos, la cual, según sus declaraciones, fue otorgada a una empresa señalada como presuntamente inexistente o «fantasma».
En materia económica, Gárate Valenzuela atribuyó a la violencia e incertidumbre del estado la pérdida de más de 24 mil empleos formales registrados entre marzo de 2023 y marzo de 2026. Finalmente, manifestó su rechazo a las reformas legislativas locales recientemente bautizadas por la oposición como «Ley Tapadera», argumentando que limitar el acceso a la información pública debilita la transparencia y la rendición de cuentas en Sinaloa.